Central termoeléctrica Pacífico

El conflicto se origina por la instalación de una central termoeléctrica de 350 MW de potencia, que comprende la construcción de dos unidades de 175 MW de potencia bruta, dotada cada una de una caldera de carbón pulverizado. Además, el proyecto contempla la instalación de una cancha de manejo de carbón ubicada en el mismo terreno de la central y la construcción de un depósito de cenizas.

Desde que este proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ha existido rechazo de la ciudadanía, la que ha desarrollado múltiples actividades de resistencia para evitar la instalación de la termoeléctrica en las costas de Iquique. Además, la ciudadanía se ha organizado a nivel local en diferentes organizaciones sociales, contando con el apoyo del municipio y de redes de organizaciones a nivel nacional (Red Social Chile sin Termoeléctricas).

Los principales argumentos de la ciudadanía están basados en el impacto a la salud, al medioambiente, principalmente en el borde costero, y en otras actividades económicas que generan las termoeléctricas.

Durante el proceso de evaluación de este proyecto la comunidad y organizaciones participaron en el proceso de participación ciudadana y presentaron observaciones al mismo.

En noviembre de 2009 la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) de Tarapacá rechazó el proyecto por no cumplir con la normativa ambiental, específicamente con el sistema de aducción y descarga de agua de mar que no fue detallado correctamente desde el principio. Sin embargo, en octubre del 2010 el Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) se pronunció a favor de la empresa devolviendo el proceso de evaluación ambiental al estado anterior al Informe Consolidado de Evaluación, lo que permitió a la empresa presentar nuevos antecedentes (adendas) y seguir adelante con el proceso. Esta situación generó cuestionamientos por parte de la ciudadanía.

Durante el mismo período se tramitaba también el Plan Regulador Intercomunal Costero de la Región de Tarapacá, sin embargo, la iniciativa fue retirada a solo 4 días de haber ingresado a evaluación. Esto generó preocupación dentro de la ciudadanía, pues el nuevo plan regulador establecía un uso de suelo que no permitía la instalación de centrales de generación en la zona donde se proponía construir la termoeléctrica. Las organizaciones asociaron el hecho a una estrategia de las autoridades con vistas a la aprobación de la termoeléctrica.

Durante los primeros meses del 2011, previo a la votación de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA), cientos de iquiqueños salieron a protestar por la instalación de este proyecto en las costas de Iquique y exigir al Presidente Piñera el cumplimiento del compromiso hecho en la campaña presidencial de promover las energías limpias y renovables.

En mayo del 2011 el proyecto es aprobado por la CEA. A través de marchas, caravanas de vehículos, protestas en actividades oficiales y un llamado a plebiscito, la ciudadanía expresó su descontento por la aprobación de esta termoeléctrica.

En septiembre de 2012, el Comité de Ministros dio luz verde a la iniciativa, luego de que se presentaran dos recursos de reclamación, uno de ellos presentado por la Junta de Vecinos San Pedro de Caleta Chanavayita, y otro por el Comité de Defensa de la Madre Tierra Tarapacá. Los argumentos esgrimidos, giraban en torno a que el proyecto no presentaba plan de mitigación por daño ecológico a la flora y fauna marina. Los recursos de reposición presentados por las comunidades, que solicitaban la anulación de los permisos ambientales, fueron rechazados por el Comité de Ministros, encabezado por la titular de Medioambiente, María Ignacia Benítez. Pese a ello, se acogió la petición de instalar estaciones de monitoreo y control de aguas, que en principio funcionarían por dos años, para que los proyectos pudieran seguir avanzando. Con ello, se daba por terminado el trámite de la central, aunque el descontento por la resolución no se hizo esperar por parte de los iquiqueños, quienes se manifestaron en contra de la aprobación de las centrales Pacífico y Patache.

En septiembre de 2014, se anunciaba el inicio de la construcción de la Central Termoeléctrica Pacífico, cuya energía producida sería inyectada al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). La iniciativa tenía prevista una inversión de USD 1.000 millones para su construcción, cuya duración se estima en cerca de 44 meses. Para esa fecha, ya contaba con todos sus permisos ambientales aprobados tanto para la construcción de su centro de operaciones como para la instalación de torres de alta tensión. Sin embargo, lo que definiría el funcionamiento de la central es el visto bueno para la edificación de un terminal marítimo que permitiría abastecer de carbón a la termoeléctrica. El Seremi de Medio Ambiente, Patricio Villablanca, informó que sin la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto del puerto marítimo la central no podría operar, pues no contaría con su insumo necesario para su funcionamiento: el carbón. El proyecto Terminal marítimo Puerto Pacífico fue presentado en junio de 2014, y contempla la descarga directa del carbón desde el puerto a las instalaciones de la termoeléctrica, vía correa transportadora.

Para julio de 2015, a más de cuatro años de la aprobación ambiental de la Central, aún no se habían iniciado las obras de construcción de la termoeléctrica, debido a que la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Iquique aún no había dado el permiso al anteproyecto de construcción. A comienzos de julio, la firma a cargo presentó en la Corte de Apelaciones de Iquique un recurso de protección en contra del director de Obras de la Municipalidad, Héctor Varela Calle. Según la empresa Río Seco, la solicitud de aprobación del anteproyecto se habría presentado el 9 de enero de 2015, para luego recibir un acta de observaciones por parte de la DOM el 27 de ese mes. La empresa habría respondido el 20 de febrero, sin haber recibido respuesta por parte del director. La municipalidad señaló que respecto a los permisos de edificación, es el mismo director de Obras quien debe emitir un pronunciamiento, pues actúa con autonomía del municipio, al depender directamente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La firma tendría todos los permisos, no existiendo trámites o proceso judiciales pendientes, pese a que el Plan Regulador Intercomunal del Borde Costero- aprobado en abril de 2013 por el Consejo Regional de Tarapacá- aún en Contraloría para su toma de razón, podría afectar el futuro desarrollo de la Central.

Energía

No


EIA

Aprobado

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Aprobado