Proyecto minero Cerro Casale

El Proyecto Cerro Casale se propone desarrollar una mina a tajo abierto y procesar 170.000 toneladas diarias de mineral en una planta concentradora que utilizará tecnología de flotación convencional para producir concentrado de cobre y oro, el cual será conducido por un mineroducto hasta el Puerto de Caldera.

En marzo del año 2001, el Estudio de Impacto Ambiental es ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental, iniciándose el proceso de calificación, pudiendo la comunidad y los actores involucrados realizar sus observaciones al proyecto. El Consejo Ecológico Comunal Tierra Amarilla plantea que en el sector donde se quieren realizar las obras existen dos parques nacionales: El parque nevado Tres Cruces y el parque Laguna del Negro Francisco, además de 69 sitios arqueológicos, 31 de ellos cercanos a trazados lineales que corresponderán a instalaciones del proyecto, 7 están ubicados al interior de las áreas donde se construirán los depósitos de relaves y de estériles, además de 5 sitios al interior de las instalaciones del Puerto, en la comuna de Caldera. Otra de las preocupaciones que plantean dice relación con la utilización de grandes cantidades de cianuro en los procesos, y el transporte de éste, pues cruzará el valle y luego serán almacenados en el área del proyecto. La preocupación por parte de la comunidad se refiere a la consideración de planes de emergencia en caso de algún accidente. Por otro lado, se removerán 3.800 millones de toneladas de roca, las que luego de ser procesadas generarán 2.800 millones de toneladas de estéril y 1.026 millones de toneladas de relaves, todo lo cual quedará almacenado en el lugar ya que los planes de abandono sólo contemplan asegurar la estabilidad físico-química para los estériles, y para los relaves, restringir los accesos al área con señalizaciones y barreras.

Por otro lado, el camino de acceso principal será a través de una ruta aproximada a los 180 kilómetros de longitud, donde solamente los primeros 25 kilómetros están pavimentados, no contemplando el proyecto medidas para el material particulado. Se suma también el daño que podría producirse en la actividad agrícola -producto de la disminución de los cursos de agua o la contaminación de éstos- que ha tenido un desarrollo importante en la zona, principalmente la producción de uva de mesa. Esta producción es exportada a países con rigurosos estándares de calidad que podría verse afectada. Sólo en el valle de Copiapó existen actualmente 7 mil hectáreas de parronales de uva de mesa de exportación. Según los agricultores, esta actividad económica emplea a 25.000 personas, en contraposición con los 4.500 trabajadores que la minera plantea emplearán en labores de construcción, y 1250 empleos en su etapa productiva.

A esto se suma la gran demanda de agua que el proyecto requiere. La compañía minera cuenta con derechos de agua provenientes de pozos ubicados en Piedra Pómez, desde donde se extraerán cerca de 900 litros por segundo. Una cantidad elevada para la zona, que significará una alta demanda para las fuentes que también abastecen de forma superficial y subterránea a los ríos y napas que alimentan al Río Copiapó, el que permanentemente presenta niveles deficitarios. También preocupa el daño que pueda provocar a grupos collas, pues cercano a la zona del río Jorquera, donde llevan a sus animales a las veranadas, se instalarán un aeródromo y el tranque de relave. Sobre esto, no se hace mención en el EIA. Según la CONADI, aunque no se rechaza el proyecto, se plantea como necesario cambiar la ubicación de las obras mencionadas. Uno de los temas que han sido relevantes es la existencia de un ‘acuífero regional profundo y difuso’, sobre el cual no se presentan antecedentes de evaluación y no se sistematiza su dirección y flujo. En consecuencia, no se ha evaluado la interconexión eventual con las cuencas regionales —en especial con la de Copiapó— lo que constituye un déficit.

Con fecha 31 de enero del año 2002, por Resolución Nº 14/2002 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Atacama, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Aldebarán, hoy denominado Proyecto Minero Cerro Casale. Sin embargo, debido a importantes modificaciones en el proyecto mismo y a un cambio en los dueños (donde Barrick Gold tiene un porcentaje mayor) el proyecto ingresa nuevamente al sistema de evaluación en julio de 2011. Dichas modificaciones obedecen a la necesidad de adecuar el diseño del Proyecto a los estándares actualmente vigentes en la industria, lo que conlleva mejoras desde el punto de vista tecnológico, así como de las externalidades ambientales y sociales del proyecto. Asimismo, la Minera permite que el Servicio de Evaluación Ambiental pueda actualizar la evaluación ambiental de los componentes más relevantes del Proyecto ya aprobado, como son el sistema de manejo de relaves, el sistema de suministro y manejo de aguas y las obras lineales anexas al mismo, como concentraducto y acueductos.

Entre las diferencias más importantes entre el primer y segundo proyecto, se mencionan: la incorporación del sistema eléctrico (dos líneas de transmisión eléctrica), modificación del trazado del concentraducto y del acueducto; una diferenciación entre las líneas de beneficios de sulfuros y óxidos y optimización del proceso, y segregación de relaves cianurados al interior del depósito de relaves ya aprobado ambientalmente.

En el marco de esta disputa, la minera firma un convenio con el alcalde de Tierra Amarilla donde se comprometen recursos para proyectos en la comuna. Sin embargo, esto es visto con desconfianza, pues la municipalidad es parte de las instituciones que deberán realizar las observaciones correspondientes al EIA. La Comisión de Medio Ambiente del Senado invita a representantes de la empresa para que den cuenta del alcance del proyecto, donde la minera aclara que Cerro Casale no utilizará agua de la cuenca de Copiapó, sino que de Piedra Pómez, distante a 120 kilómetros de Cerro Casale y que cuenta con más de 10 años de estudio. Sin embargo, los detractores plantean que sacar esa cantidad de agua del campo de Piedra Pómez es matar todos los bofedales que se alimentan de este flujo permanente de agua que aflora en varios ríos, siendo el Río Lama el más conocido y atractivo del Parque Nacional Tres Cruces. La empresa ha puesto en marcha distintos programas, entre ellos, Clase 21, Erradicación de Campamentos (junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Un Techo para Chile), apoyo a la Teletón, entre otros. También la compañía ha llevado adelante dos instancias de consulta ciudadana anticipada y voluntarias denominadas Casas Abiertas en las comunas de Tierra Amarilla, Copiapó y Caldera, todas en la Región de Atacama. Todo este conjunto de acciones fueron reconocidas por el Ministerio de Desarrollo Social durante el 2011, otorgando a Cerro Casale el sello “Juntos, por un Chile sin pobreza”.

En enero de año 2013, la Comisión Ambiental de Atacama aprobó con condiciones la propuesta de calificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero, siendo una de ellas el emplazamiento de un aeródromo, ubicado en el nacimiento de Río Nevado.

En mayo del mismo año, la Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó el recurso de protección presentado por una comunidad indígena Colla en contra de la aprobación de la evaluación ambiental que realizó el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). El falló determinó que no hubo acto arbitrario, cumpliéndose con la consulta a las comunidades indígenas acorde al marco establecido en el Convenio 169 de la OIT.

En enero del año 2015, el Comité de Ministros determinó acoger parcialmente seis recursos de reclamación relacionados con el recurso hídrico presentados en contra de la iniciativa, manteniendo la RCA, pero estableciendo condiciones previas a su operación. Dichas condiciones dicen relación con reconocer la significancia del impacto producido en el descenso de niveles de agua subterránea, considerando los servicios ecosistémicos que proporcionan los cauces de los ríos a las zonas de valor ambiental. Asimismo, se establece como medida de mitigación la reducción del volumen máximo de explotación de acuífero de Piedra Pómez, y el consiguiente ajuste del modelo hidrogeológico, la regla de operación y la diversificación de la matriz de almacenamiento de agua, previo inicio de la etapa de operaciones. El resto de las reclamaciones decían relación con el medio humano y con el cumplimiento del Convenio 169, las cuales fueron rechazadas por considerarse debidamente abordadas durante el proceso de evaluación.

La determinación del Comité de Ministros fue vista con preocupación por parte de organizaciones del sector y ambientalistas pues, pese a que se acogieron seis recursos de reclamación contra el proyecto minero, se ordenaron medidas de mitigación a una iniciativa que, denuncian, es un peligro para la biodiversidad de la zona, además de dejar fuera el reclamo de obligatoriedad de consulta a los pueblos originarios.

Debido a que la empresa Barrick decidió paralizar sus faenas a nivel mundial, el proyecto se encuentra en pausa, sin embargo, ha continuado con los procedimientos administrativos y legales que requiere para contar con los permisos ambientales en Chile. Sin embargo, en marzo del año 2015, la empresa señaló que en un estudio finalizado en noviembre de 2014 para buscar estrategias de optimización del proyecto no logró dar con una alternativa, lo que resultará en una disminución significativa del presupuesto de 2015 para la continuación del proyecto.

En julio de 2015, la Compañía Minera Casale presentó un recurso de reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental en contra de la resolución emitida por el Comité de Ministros, la cual acogía 6 recursos de reclamación a la obra. La firma busca que dicha resolución sea anulada, ya que afirma que la RCA emitida le impone arbitrariamente e ilegalmente nuevas limitaciones y condiciones ambientales a la ejecución del proyecto, a la vez que añade la debida consideración de las observaciones ciudadanas que fueron objeto de las reclamaciones administrativas.

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