Central termoeléctrica Castilla

Central Termoeléctrica Castilla se presenta como el proyecto de este tipo más grande de Sudamérica. Contempla la construcción de un puerto y un gigantesco depósito de cenizas de más de 120 hectáreas. Aportaría 2.100 MW al Sistema Interconectado Central (SIC) a partir de unidades generadoras a carbón de 350 MW de potencia cada una. La vida útil sería de 24 años.

Los conflictos con la comunidad local se generaron ya que esta megacentral se emplazaría en una zona donde existen ecosistemas únicos, temiendo una disminución de la calidad de vida y de la salud de la población circundante, impactos ecosistémicos, pérdida del capital natural de pescadores artesanales y patrimonio ancestral de la comunidad de Totoral.

Según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado, la iniciativa cuenta con un sistema de abatimiento de material particulado mediante filtro de mangas y desulfurización de gases de combustión con agua de mar. Además, el complejo contempla la operación de seis tuberías de tres metros de diámetro, que aspirarán de forma horizontal un volumen de 46.000 m3 de agua de mar. Esto constituye una preocupación para ambientalistas y pescadores artesanales de Puerto Caldera, ya que aseguran que provocará problemas con la población de algas y de los recursos bentónicos como el erizo, loco, lapa y macha.

El 19 de enero de 2010, la Seremi de Salud negó los permisos ambientales solicitados por la empresa y calificó el proyecto como contaminante, debido a las emisiones atmosféricas de partículas y gases. Esta calificación lo hace incompatible con el uso de suelo permitido en la zona, que sólo admite industrias inofensivas y molestas. El 7 de julio de 2010, el Seremi de modificó la calificación del proyecto, trasladándolo de “contaminante” a “molesta”, lo que sería compatible con el uso de suelo, lo cual posibilita la aprobación de la Central.

El 26 de julio de 2010 Patricio Escobar, del estudio Figueroa y Valenzuela, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, en representación de Atacama sin Carbón y la familia Domínguez. Al día siguiente la Corte decretó orden de no innovar, suspendiendo todos los efectos del acto del Seremi de Salud.

Las comunidades y organizaciones locales denunciaron una serie de irregularidades en el proceso de aprobación y desarrollo del proyecto, tales como la intención de modificar el Plan Regulador para permitir la implementación de operaciones de tales características a pesar, omisión de diversos trámites exigidos por la normativa e inexistencia de una etapa de participación.

En agosto de 2012, la Corte Suprema rechazó la construcción de la termoeléctrica Castilla de forma unánime, acogiendo el recurso de protección interpuesto por los vecinos de la comuna de Totoral, quienes no habrían logrado llegar a acuerdo con la empresa. El fallo se sostenía en que se debía presentar un EIA conjunto del proyecto, incluyendo al Puerto Castilla, argumentando efectos sinérgicos.

En junio del año 2013, la comunidad del Totoral fue a Brasil a exponer la victoria contra la Central, perteneciente al empresario brasileño Eike Batista.

En julio de 2013, el municipio de Copiapó aprobó el anteproyecto de la nueva termoeléctrica y su respectivo puerto asociado. En agosto de 2013, y pese a que el proyecto termoeléctrico no cuenta con permiso ambiental, la empresa MPX decidió renovar un permiso de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Copiapó. Para una posible reactivación, la empresa tendría que ingresar nuevamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Energía

No


EIA

Aprobado

EIA

Aprobado