Proyecto minero Tres Valles (Mina Don Gabriel)

El proyecto tiene como propósito la explotación, disposición de material estéril, procesamiento de minerales y disposición de residuos. La producción se estima en 18.500 toneladas aproximadamente al año de cátodos de cobre fino. La iniciativa cuenta con una inversión de 102 millones de dólares, su vida útil se estimó para 11 años a partir de 2009.

La empresa comenzó sus exploraciones en el área el año 2006, presentando documentos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), los cuales fueron rechazados debido a la proximidad de las faenas con los diferentes asentamientos humanos.

Los principales impactos asociados al proyecto corresponden a un proceso de reasentamiento de comunidades humanas, alteración de monumentos patrimoniales, emisión de material particulado, posible generación de lluvia acida, aumento en el tráfico de vehículos; consumo de agua dulce y potencial contaminación de ésta producto de derrames y/o filtraciones.

La Resolución de Calificación Ambiental (RCA) fue aprobada por la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA), a pesar de las 1.400 observaciones que se efectuaron al estudio en las jornadas de participación ciudadana. Asociaciones y miembros de la comunidad revelaron que la empresa comenzó a operar previo a la aprobación del EIA. También consideran que la línea base es deficiente, ya que omitiría daños que se han ocasionado anteriormente en la zona, dañando a flora, fauna y población humana. Además, se estima un efecto negativo en la economía local, la cual se sustenta en gran medida con actividades como fruticultura y ganadería. Como consecuencia del proyecto temen pérdida de suelo de pastoreo y el riesgo potencial que los residuos se filtren en las napas subterráneas, influyendo en el flujo hídrico del río Choapa.

Comunidades presentes en el área de influencia del proyecto declaran que el año 2009 la empresa funcionaba con un permiso provisorio otorgado por el SEIA, momento en que se registraron daños en el sistema de agua potable rural (APR), a raíz de la rotura de una matriz, implicando la pérdida de agua y la suspensión del APR en la zona. Además, establecen disminución de caudales de agua de los pozos, influyendo en el consumo humano y pastoril.

En julio de 2013, los habitantes de Salamanca se manifestaron en contra del proyecto, afirmando que la empresa no ha respetado su RCA, razón por la cual presentaron acciones legales. A partir de dichas gestiones Tribunales decretaron una medida precautoria que implicaba la suspensión de las faenas, lo que no habría sido respetado por la empresa, pese a que posteriormente se interpuso una querella por desacato. En Agosto del mismo año organizaciones locales denuncian la firma de un contrato por concepto de servidumbre de forma ilegal, ya que sólo un 10% de miembros de la organización que administra dichos derechos participaron del acuerdo. Los dirigentes iniciaron acciones de anulación del contrato, ante lo cual la empresa interpuso una acción judicial por incumplimiento.

En diciembre de 2013, la empresa Vale vendió el proyecto minero a la familia Vecchiola, uno de los conglomerados más grandes de servicios mineros del país.

Minería

No


EIA

Aprobado

EIA

Aprobado