Central Termoeléctrica Campiche

El 1 de agosto de 2007, se presenta el proyecto de la Central Termoeléctrica Campiche, inversión de US$500 millones que corresponde a la construcción y operación de una unidad generadora termoeléctrica diseñada para consumir combustibles sólidos. La central tendría una potencia total de 270 MW.

El sector en el que se emplazaría el proyecto corresponde a Quintero, zona declarada “saturada” para PM10 y SO2 desde el año 1993; y se encuentra sujeta a un plan de descontaminación. A pesar del escenario ambiental las autoridades aprobaron la ampliación de la zona de industrias peligrosas.

A partir de lo anterior es que el proyecto encontró una fuerte oposición por parte de la ciudadanía, organizaciones sociales y algunas autoridades. No obstante, en abril del 2008 la COREMA de Valparaíso da su aprobación para el desarrollo del proyecto.

En junio de 2009, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió un recurso en contra de la medida adoptada por la Corema de Valparaíso, resolviendo que esta entidad incurrió en un acto ilegal al autorizar la central, ya que no consideró el uso del suelo destinado a áreas verdes. Esta resolución invalidaba la aprobación ambiental de Campiche y ordenaba a AESGener a demoler las obras ya ejecutadas.

Sin embargo, en el 2009 el Ministerio de Vivienda inicia una serie de gestiones que finalizan el 31 de diciembre de 2009 con la publicación del Decreto Supremo Nº 68, estableciendo que si “al menos el 30% de su superficie permite los usos de suelo de actividades productivas y/o infraestructura, se admitirá en todo el terreno dicho uso de suelo”. Este cambio causó revuelo público, las comunidades denunciaron que el gobierno había hecho un traje a la medida de AESGener.

El 18 de febrero de 2010, el Concejo Municipal de Puchuncaví rechazó por unanimidad el decreto del MINVU sobre el uso de suelo. Luego de varias semanas de negociación, el municipio de Puchuncaví desistió de cualquier acción judicial que trabara la reapertura de las obras. A cambio, la empresa se comprometió a invertir US$ 4.000.000 en aportes sociales a la comunidad, otros US$ 80 millones en mejoras de las tecnologías usadas en las cuatro plantas termoeléctricas de la zona. El 10 de agosto de 2010, la Dirección de Obras de Puchuncaví le otorgó a AESGener los permisos de construcción que hacían falta.

En el 2011, se conoce que en el año 2009 el Gobierno de EE.UU., a través de su embajador en el país, ejerce fuertes presiones al Gobierno de Chile para que busque soluciones que viabilicen el proyecto.

En enero de 2013, se llevó a cabo una masiva movilización en la localidad de Ventanas, denominada marcha “Por una Vida Digna”, exigiendo que no se instalaran nuevos proyectos termoeléctricos a carbón en la zona. En diciembre del mismo año, AESGener emitió un comunicado en el que reconocía la paralización de sus faenas tras una falla en la central Ventanas. El evento coincidió con la mortandad y el varamiento de sardinas en la caleta de Ventanas en Puchuncaví.

En enero de 2014, los pescadores de la bahía de Quintero indicaron que demandarían a la empresa AESGener S.A por el daño provocado a la pesca artesanal de la zona. El 23 de mayo la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos contra la central Campiche por incumplimiento de la RCA.

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