Plomo en Arica – Contaminación por polimetales en Arica

Entre 1984 y 1989 la Sociedad Promel Ltda. importó desde Suecia más de 20 mil toneladas de residuos bajo el caratulado de “barros con contenidos metálicos” con la intención de darles tratamiento en Chile, para lo cual recibió autorización del Servicio de Aduanas y el Servicio de Salud. Sin embargo, estos “barros” eran en realidad desechos tóxicos con alto contenido de plomo y arsénico, los que fueron almacenados a la intemperie en el sector Los Industriales Arica y no recibieron tratamiento alguno.

Tiempo después el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) autorizó la construcción de viviendas sociales para albergar a 12.000 personas en los sectores de Los Industriales y Cerro Chuño, muy cerca de la zona de acopio de los desechos tóxicos.

Con los años, aproximadamente 3.000 personas presentaron síntomas como cefaleas crónicas, dolor de huesos y articulaciones, problemas de aprendizajes y memoria, conducta agresiva y lesiones cutáneas de diversa intensidad. Según los afectados, estas situaciones no recibieron la atención del Servicio de Salud ni se tomaron medidas para prevenir y limitar las secuelas generadas por la exposición a los residuos.

Ante las múltiples denuncias, en 1997 el Servicio de Salud de Arica trasladó la totalidad de los desechos acumulados. Un año después inició el “Plan de seguimiento toxicológico de habitantes del sector Cerro Chuño - Los Industriales”, en cuyo marco se tomaron muestras para análisis de plomo en sangre y de arsénico en orina.

En 1999 la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) inició una demanda contra Promel y el Estado de Chile, tanto por permitir la importación de material tóxico como por la posterior construcción de viviendas en el sector contaminado. En el 2007 la Corte Suprema determinó que Promel y sus socios debían reparar el daño causado. Además, ordenó al Estado indemnizar a 356 personas por un total de $2.848 millones de pesos (8 millones por persona), pues se comprobó que el Servicio de Salud de Arica no adoptó oportuna y eficientemente las medidas necesarias para resguardar la salud de las personas.

En noviembre del 2007 FIMA recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues el Estado no habría respondido a la totalidad de las personas afectadas, considerándose la indemnización como insuficiente.

El conflicto revive en el 2009, luego de una denuncia realizada por el programa “Contacto” de Canal 13 sobre los efectos del plomo en la salud de la población, tras lo cual el Gobierno propuso un Plan Maestro -garantizado por ley- para erradicar a 7.000 personas y la realización de un catastro de los alcances de la contaminación. El proyecto de ley fue ingresado en enero de 2010 y tras dos años de tramitación fue aprobada en mayo de 2012 la Ley 20.590 que establece un programa de intervención en zonas con presencia de polimetales en la comuna de Arica.

En septiembre de 2013, un grupo de abogados suecos en colaboración con abogados chilenos y una organización medioambiental de Estados Unidos, presentó una demanda contra la compañía minera sueca Boliden, por los perjuicios a la salud causados por las emanaciones de residuos tóxicos enviados a Arica en los años 80. Se le reclama a la empresa una indemnización conjunta de 900 millones de coronas suecas (13,7 millones de dólares), a las 707 personas afectadas, en su mayoría niños. La empresa sueca rechaza cualquier responsabilidad en el asunto, culpando a la empresa Promel, a quien Boliden pagó en ese momento para deshacerse de los desechos. La demanda acusa a la empresa de violar la legislación al no pedir el permiso pertinente a las autoridades suecas.

En noviembre de 2014, la Tercera Sala de la Corte Suprema falló a favor de un grupo de pobladores de Arica que pusieron una demanda contra el fisco, producto de la contaminación que ha perjudicado la salud de los habitantes de Cerro Chuño. El máximo tribunal dictaminó que el Servicio de Salud de Arica deberá pagar a los cuatro demandantes, la suma de CLP $10.000.000 (USD $17.070) por su responsabilidad en la falta de servicio al acopiar residuos mineros en la zona.

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