Planta de celulosa Nueva Aldea (ex-Itata)

En 1999 ingresa a tramitación ambiental el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Complejo Forestal Industrial Itata, de propiedad de Celulosa Arauco y Constitución S.A., conocido hoy como Complejo Forestal Industrial Nueva Aldea. En enero de 2000 la COREMA de la Región del Biobío decide rechazar este proyecto, pues según los servicios públicos con competencia ambiental este impactaría seriamente la cuenca del río Itata. Ante la resolución de la COREMA, la empresa interpone un recurso de reclamación ante el Consejo de Ministros de la CONAMA, el cual es acogido. Finalmente, en el 2001 el Consejo de Ministro de la CONAMA aprueba el proyecto poniendo a la empresa una serie de condiciones para operar.

En el 2004 CELCO ingresa a evaluación ambiental el EIA de “Obras nuevas y actualizaciones del Complejo Forestal Industrial”. El objetivo de este EIA era ingresar al sistema los cambios en el diseño y construcción del Complejo Forestal Industrial (“CFI”) constituido por las mismas instalaciones del proyecto que fue aprobado mediante Resolución Exenta Nº 9/2001 de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, pero actualizando la tecnología utilizada. Esto implica producir 550 mil toneladas de celulosa al año, transformándose en la planta de celulosa más grande de Sudamérica.

El proyecto es finalmente aprobado, pero se prohíbe a CELCO realizar descargas en el Río Itata ya que, dadas las grandes fluctuaciones de su caudal, no es capaz de resistir una carga de riles industriales con alta concentración de organoclorados. Por tanto, la empresa deberá construir un ducto que descargue directo al mar.

En el año 2006, luego de meses de espera y ajustes, Celulosa Arauco puso en marcha su planta de celulosa Nueva Aldea, con una inversión total de US$ 1.400 millones. El mismo año la COREMA de la Región del Biobío aprobó el EIA que permitirá la construcción y operación del ducto submarino para la evacuación de residuos industriales.

La ONG Oceana expresó su categórico rechazo a la instalación de este ducto, sobre todo porque la COREMA aprobó el inicio de las obras utilizando como argumento el artículo 8 de la Ley 19.300, que establece que los proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental podrán ejecutarse si el titular presenta una póliza de seguro que cubra el riesgo al medioambiente, obteniendo una autorización provisoria para iniciar el proyecto. Además, Oceana señala que la CONAMA no ha impulsado ninguna reglamentación que obligue a las celulosas a un cambio tecnológico, que evite el uso de dióxido de cloro y la descarga de riles a cursos de agua.

En este contexto, la instalación de un emisario submarino en el río Itata ha provocado la reacción de 9 comunas aledañas que verían afectado su entorno natural y sus actividades económicas. Pescadores artesanales, agricultores y viñateros, entre otros, se oponen al ducto de la celulosa Nueva Aldea de CELCO, que ya cuenta con la aprobación de la CONAMA.

Para la comuna costera de Cobquecura, el vaciado de los desechos que genera la industria emplazada en Nueva Aldea, puede generar efectos en la calidad de las aguas, al turismo y actividades productivas. En diciembre del 2009, el ducto submarino comenzó a descargar en el mar residuos de celulosa Nueva Aldea.

En diciembre del 2010 se produjo un derrame en la comuna de Coelemu, dejando escapar los residuos líquidos industriales de la compañía. La Organización “Salvemos Cobquecura” critica fuertemente a la empresa. También acusa a la Comisión Nacional del Medio Ambiente, pues no habría dado respuesta a un recurso de reclamación presentado por los vecinos de Cobquecura.

En noviembre de 2013, se produjo un desastre ambiental que generó graves daños en la desembocadura del río Itata, a raíz de una rotura en el ducto que llevaba los desechos de la planta de celulosa hacia el mar. En menos de un mes, el ducto sufrió dos roturas de gran envergadura, registrándose el último evento el 14 de noviembre en una zona a un kilómetro de la costa, tierra adentro, en la cual un géiser de más de un metro de alto- que estuvo activo cerca de siete horas- arrojó una cantidad indeterminada de material contaminante.

En noviembre del 2014 la Superintendencia del Medio Ambiente encargó un proceso sumatorio en contra de la planta de celulosa Nueva Aldea, luego de diversos reclamos de las comunidades cercanas de Quillón y Ránquil por los malos olores emanados de las instalaciones.

En enero de 2015, un nuevo episodio de malos olores fue registrado, el que fue calificado por la plata como “acotado” en la medida que habría sido solucionado durante la jornada.

Forestal

No


EIA

Aprobado

EIA

Aprobado