Proyecto minero Los Pumas

El proyecto “Los Pumas” consiste en la explotación de un yacimiento de manganeso a un ritmo de 220.000 toneladas mensuales, con el propósito de producir concentrado de este mineral para su venta en los mercados internacionales.

En relación al agua, la comunidad denuncia el colapso del recurso hídrico de concretarse la instalación, pues la actividad minera requeriría parte del escaso caudal para su operación. Además, el proyecto minero podría contaminar el río Lluta, ya que la planta de procesamiento de manganeso se encuentra ubicada prácticamente a 200 metros del río.

La contaminación también es una preocupación para los habitantes. El traslado del mineral a una zona de acopio en la entrada del Valle de Lluta ocasionaría gran impacto en el valle debido a que en este trayecto han ocurrido volcamientos de camiones de gran tonelaje. Además, la cercanía de Villa Industrial y Gallinazo al acopio de mineral podría ocasionar daños a la salud de los habitantes.

Otro factor de conflicto es la afectación de las actividades económicas locales, particularmente la agricultura y la ganadería desarrollada en el Valle de Lluta, así como el turismo en torno al Camino del Inca. Al respecto, se denuncia el daño irreparable de este patrimonio cultural al quedar dentro del área de explotación.

Por último, las comunidades aymara denuncian la vulneración de la normativa ambiental vigente y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos Indígenas y Tribales. Esto, pues durante el proceso de evaluación de impacto ambiental no se realizó ningún proceso de consulta tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT. Además, el proyecto se evaluó bajo la modalidad de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que no contempla instancias de participación ciudadana.

En enero de 2011 la minera desistió temporalmente del proyecto. Sin embargo, para agosto del año 2013, el proyecto minero de manganeso obtuvo la aprobación unánime de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA). La decisión se sostuvo en los antecedentes expuestos por la empresa, en las evaluaciones realizadas por organismos públicos ambientales, y en las observaciones realizadas por organizaciones y ciudadanos que tomaron parte en el proceso de participación ambiental ciudadana. El descontento por parte de los habitantes de la zona no se hizo esperar, manifestándose más de 100 personas en contra de la posible contaminación del Valle de LLuta por parte de la iniciativa, mediante la realización de protestas, bloqueos a carreteras y la irrupción en la Gobernación Provincial de Arica. Los opositores al proyecto indicaron que iniciarían acciones judiciales.

En noviembre de 2013, la Corte de Apelaciones de Arica aceptó un recurso de protección presentado por las organizaciones indígenas, ambientales y ciudadanas de Putre. El 12 de agosto de 2014, se dio a conocer el fallo de la Corte Suprema sobre la apelación presentada por organismos del Estado, en contra del dictamen de la Corte de Apelaciones de Arica, la que habría dado la razón a las comunidades dejando sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto. Las razones de esto último, tenían que ver con la vulneración de la normativa actual sobre la contención de relaves mineros, amenaza al derecho a la vida e integridad física y psicológica de los habitantes del lugar, haber infringido la normativa de protección de parques nacionales y haber vulnerado el Convenio 169 al no realizar consulta a las comunidades indígenas. Pese a ello, el máximo tribunal rechazó el recurso de protección interpuesto por organizaciones ciudadanas, ambientales e indígenas, revocando la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica. Ante este escenario, las organizaciones involucradas condenaron el fallo de la Corte Suprema.

En mayo de 2015, el Comité de Ministros, y tras una revisión del EIA del proyecto, decidió dejar sin efecto la RCA de la iniciativa minera, admitiéndose ocho de las diez reclamaciones de participación presentadas, acogidas de forma parcial. A ello, se suma la falta de información técnica del proyecto respecto a la caracterización del medio físico en su componente hidrogeológico, y respecto al medio humano. Esto último, esencial para descartar una afectación directa a las comunidades indígenas producto de la extracción de agua desde la vertiente de Tarapacá. Diferentes sectores sociales y organizaciones, en conjunto con autoridades, reaccionaron tras conocerse la revocación del permiso ambiental del proyecto manifestando su conformidad con la resolución.

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