Contaminación del río Cruces por planta de celulosa Valdivia (CELCO)

En octubre del año 1995 la empresa CELCO presenta a la CONAMA un Estudio de Impacto Ambiental para la instalación de la Planta de Celulosa Valdivia en un sector aledaño a San José de la Mariquina, a unos 32 km aguas arriba del Santuario de la Naturaleza “Carlos Anwandter”. Se trata de una planta productora de celulosa kraft blanqueada, de pino radiata y eucaliptus, con una producción de 550 mil toneladas anuales y vida útil superior a los 20 años. El estudio, además, contemplaba el tratamiento secundario de los residuos industriales líquidos (RILES) y su evacuación al río Cruces.

En esta primera etapa existe apoyo de comunidades de Valdivia y San José al proyecto. Sin embargo, ONGs ambientalistas de Valdivia y Santiago (CODEFF, Greenpeace, CEA, UNORCH), cuestionan la calidad científico-técnica de la línea base, anticipando impactos graves e irreversibles sobre el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter.

En enero de 1996, el comité técnico de la CONAMA rechaza el proyecto por su inviabilidad ambiental y exige tratamiento terciario de los efluentes.

Durante todo el año 1996 la empresa insiste en la instalación de la planta y presenta un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que contempla la construcción de un emisario al mar. Este estudio nuevamente es rechazado por la CONAMA, ya que la adenda presentada se consideró incompleta y DIRECTEMAR no dio el permiso de salida al mar. Ante la opción de descargar al mar los desechos de la planta surge oposición por parte de las comunidades pesqueras de la Región de Los Lagos. Es por esto que, finalmente, CELCO decide desechar la salida al mar como opción de descarga de sus desechos y presenta un nuevo EIA que contempla el tratamiento terciario y el vertido de los residuos líquidos al río Cruces.

En septiembre de 1998, a través de la resolución Nº279, la COREMA autoriza, con una serie de restricciones, la construcción de la planta de celulosa Valdivia en la región. En 1999 la autoridad ambiental acoge la petición de CELCO de flexibilizar la resolución con el fin de modificar y eliminar aspectos del monitoreo. La CONAMA, a través de la resolución exenta Nº 9, accede a la solicitud de la empresa y modifica aspectos del monitoreo que serían claves para los sucesos posteriores.

En febrero del 2004, la empresa inicia sus faenas sin contar con la recepción municipal de obras, pago de patentes y autorizaciones sanitarias, infringiendo la resolución ambiental del proyecto. En marzo del mismo año los residuos industriales comienzan a ser vertidos al río Cruces, con tratamiento terciario. A un mes de iniciado el funcionamiento, los ciudadanos de las comunas cercanas se manifestaron contra los olores que provenían de la planta de celulosa. Las autoridades ambientales y sanitarias iniciaron acciones de fiscalización ante las reiteradas protestas ciudadanas y se determinó que los problemas no se reducían sólo a malos olores. Allí se constató que la planta no tenía sistema de control, abatimiento y monitoreo de gases. Además, se comprobó el vertido de sus residuos industriales líquidos (RILES) en el río Cruces lo que, posteriormente, provocó la muerte y migración de cisnes de cuello negro y de otros animales, peces y plantas acuáticas.

La contaminación en el Humedal del Río Cruces y la fuerte presión ejercida por la ciudadanía organizada logró que las autoridades ambientales regionales impusieran una serie de restricciones adicionales a la planta para su operación. La nueva Resolución de Calificación Ambiental (Res. 377/2005) emitida por la COREMA de Los Lagos exigió a CELCO, entre otros puntos, que la planta Valdivia pusiera en operación una opción alternativa de descarga para sus RILES, distinta al río Cruces. También se indicó que se debía reducir en forma preventiva la producción anual de pulpa en un 20%, mientras la empresa no acredite la implementación del decreto 90/00 para los siguientes parámetros de su efluente: aluminio, cloruro, sulfato; así como evaluar la factibilidad técnica de restringir el uso del sulfato de aluminio en el tratamiento de sus RILES.

A partir de esta Resolución la planta Valdivia bajó su producción de 550.000 a 440.000 toneladas por año y, según los monitoreos de la empresa, también habrían cumplido con la rebaja en la carga química de los residuos.

En enero del 2005, un estudio encargado por CONAMA a la Universidad Austral de Chile certificó que la responsable de la presencia de metales pesados y químicos es CELCO. La COREMA clausura la planta por transgredir normas ambientales. Pero un mes después, la empresa es reabierta. El Movimiento Acción por los Cisnes presenta recurso de protección en Valdivia para cerrar planta de Celulosa y grupos ambientalistas interponen querellas criminales contra CELCO por contaminación en el estuario valdiviano. Posteriormente, el Consejo de Defensa del Estado presenta una demanda contra CELCO por daño ambiental.

En diciembre de 2005, CELCO propone como alternativa de descarga un ducto con salida al mar, iniciando rápidamente los estudios técnicos necesarios para definir el mejor lugar para la evacuación de los efluentes en la costa. Mientras tanto, CELCO siguió vertiendo los residuos líquidos de la planta Valdivia en el río Cruces, pese a las exigencias impuestas por la COREMA regional.

Paralelamente, el Gobierno impulsa dos medidas para recuperar el Santuario. Una, liderada por la CONAMA, que buscaba establecer una norma de calidad secundaria para el río Cruces. La otra, liderada por la CONAF, consistía en la elaboración de un Plan de Recuperación Ambiental del Santuario del Río Cruces. Adicionalmente, el Gobierno solicita al Convenio de Ramsar ingresar el Santuario al Registro de Mountroux –registro de santuarios en peligro- lo que le permitiría acceder de forma expedita a asesoría científica y recursos técnico-financieros para su recuperación.

En febrero del 2007, la Corte de Apelaciones de Valdivia rechaza el recurso de CODEFF y UNORCH, lo mismo hace la Corte Suprema. En septiembre del 2007, la COREMA de la Región de los Ríos resolvió mantener la restricción a la producción de la planta Valdivia, desechando el recurso legal de “silencio administrativo” que presentó la firma en contra de CONAMA el 13 de septiembre.

En octubre del 2009, la Fiscalía de San José de la Mariquina resolvió no perseverar en la investigación sobre la muerte de cisnes, dando luz verde para su funcionamiento.

En noviembre de 2011 la Corte Suprema desestimó los recursos judiciales presentados por CELCO contra las sanciones que impuso la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) por el caso del Río Cruces. En tanto, el Primer Juzgado Civil de Valdivia revisa la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado contra la empresa.

En enero de 2013, la Corte Suprema determinó que la empresa CELCO debía cancelar una multa en beneficio fiscal de 800 UTM por incumplimientos en la RCA de la Planta Celulosa Valdivia. El fallo determinó la responsabilidad de la planta en la contaminación de cursos fluviales en la comuna de San José de la Mariquina, confirmando las infracciones a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto.

En julio de 2013, el Tribunal de Valdivia acogió en primera instancia la demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la empresa CELCO, considerándola responsable de daño ambiental al Santuario Río Cruces en el año 2004, ordenando la ejecución de medidas para mitigar la destrucción del humedal. El dictamen ordenó, a través de un comité interdisciplinario de expertos, la realización de un estudio en un plazo de un año del estado en el cual se encontraba el humedal, a fin de determinar el daño causado desde ese entonces. Asimismo, obligó a CELCO a crear un humedal artificial con especies originarias y a realizar un programa de monitoreo de impacto ambiental en un plazo no superior a cinco años que cumpla las obligaciones de la RCA que permitió el funcionamiento de la planta de celulosa. A esto, se suma la creación de un centro de estudios para humedales, propuesto por la propia firma, y la implementación de un programa de carácter comunitario para pagar los perjuicios provocados por la contaminación y muerte de aves, luego de que sean calculados los daños.

En enero de 2014, CELCO y el Consejo de Defensa del Estado acordaron un pacto cercano a los 10 millones de dólares en el juicio por la contaminación del Santuario del Río Cruces de Valdivia, donde la mitad será parte de indemnizaciones por el daño ambiental, mientras el resto se destinará a programas de desarrollo comunitario.

Forestal

No


EIA

Aprobado

EIA

Aprobado