Proyecto de ley sobre Obtentores Vegetales

La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV, es una organización apoyada por las empresas transnacionales comercializadoras de semillas y respaldada por los gobiernos, de la que Chile es parte. En los primeros años producían híbridos y hoy también transgénicos. Entre ellas están las empresas Monsanto –que controla más del 90% del mercado de la semilla transgénica- Syngenta, Bayer, y Dupont/Pioneer.

El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV), es un acuerdo internacional que data de 1961 y que ha sido modificado en tres oportunidades: 10 de noviembre de 1972, 23 de octubre de 1978 y 19 de marzo de 1991.

La versión de 1991 del Convenio de la UPOV entró en vigor en abril de 1998. Desde entonces, UPOV 1978 ha quedado oficialmente cerrado a nuevas adhesiones. Sin embargo, la adhesión al Acta de 1991 no es obligatoria para aquellos países que han adherido previamente a un Acta anterior del Convenio, como es el caso de Chile que adhirió a UPOV 78.

El Convenio UPOV, en cualquiera de sus versiones, prevé una forma de protección de la propiedad intelectual, adaptada específicamente al proceso de fitomejoramiento y elaborada para alentar a los obtentores a crear nuevas variedades vegetales. Por tanto, este Convenio es aplicable a la creación de nuevas variedades de plantas, ya sea para uso agroalimentario, forestal, ornamental u otros. Es importante señalar que, si bien Chile suscribió el Tratado UPOV 1978, a partir del cual promulgó la ley N°19.342 en 1994, el Convenio de 1991 tiene distintos alcances a la versión anterior (UPOV 78), tanto por su contenido como debido a importantes cambios en el contexto mundial. A modo de ejemplo, en 1978 no existía el mismo grado de intercambio comercial ni de desarrollo en transporte y comunicaciones que en la actualidad, así como tampoco existía el nivel de biotecnología actual. Por tanto, el desarrollo de nuevas variedades vegetales estaba limitado a cultivadores tradicionales y/o locales y el registro de nuevas variedades era mucho más limitado. Desde UPOV 78 a la fecha, los patrones de producción y consumo de alimento a nivel mundial y nacional han variado, cobrando cada vez más desarrollo en la industria agroalimentaria y, con ello, el cultivo y producción de alimentos por grandes corporaciones.

En marzo de 2009 entró a tramitación en el Congreso el proyecto de ley denominado “Derechos de Obtentores Vegetales”, que actualiza las garantías jurídicas que poseen los productores de semillas y especies vegetales (boletín Nº6355-01). También amplía sus derechos frente al registro de nuevas variedades. Este trámite se enmarca en la obligación que adquirió Chile al suscribir el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de adherirse al Convenio UPOV 91 que exige la regulación de los derechos del obtentor. De acuerdo al mensaje presidencial del proyecto, la nueva normativa favorecerá el registro en Chile de nuevas especies vegetales creadas no sólo en nuestro país sino también en el extranjero. En este sentido, el nuevo escenario será favorable para el incremento de competitividad nacional. Aquí es donde nacen las divergencias, ya que para las organizaciones de pequeños y medianos agricultores y ambientalistas, esto genera un escenario poco equitativo y, a su vez, abre las puertas para la privatización de las semillas.

De acuerdo al proyecto, los agricultores tendrán a su disposición las semillas certificadas de las nuevas variedades, las que deberán comprar a precio de mercado, y tendrán derecho a reembolsar parte de la cosecha en su propio predio.

Según organizaciones ambientalistas y de productores-consumidores orgánicos, la contaminación genética de especies vegetales pondrá en peligro la semilla nativa, colocará en riesgo la agricultura orgánica y la competitividad de las exportaciones de este sector, aumentará la dependencia de los agricultores a las transnacionales agroquímicas y elevará el precio de los alimentos.

En mayo de 2009 se aprueba en la Cámara de Diputado el primer trámite constitucional del proyecto. Dos años después, el Senado aprueba el segundo trámite constitucional.

Tras su aprobación, organizaciones ambientalistas, de productores-consumidores orgánicos, campesinas e indígenas manifestaron su rechazo señalando que la selección, mejoramiento e intercambio de semilla –trafkintu en mapudungun- es un derecho humano de los agricultores y pueblos indígenas, reconocido en el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO y reivindicado por Vía Campesina y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC).

Días después de la aprobación del proyecto por parte del Senado, el 20 de mayo de 2011, 17 senadores presentan un requerimiento de inconstitucionalidad en contra del proyecto de Ley ante el Tribunal Constitucional, el cual después de su revisión es acogido por el TC. Finalmente, en junio de 2011, por seis votos contra cuatro el Tribunal Constitucional desechó el requerimiento presentado por los senadores.

En julio de 2013, la Comisión de Agricultura del Senado votó la Ley de Obtentores Vegetales, aprobándose por tres votos contra dos, su paso a sala.

En septiembre de 2013, la Fundación Sociedades Sustentables envió una carta a todos los senadores, recomendando la no aprobación del proyecto de ley, catalogándolo como innecesario para el país, perjudicial para los agricultores, en especial a los pequeños productores, y para las comunidades indígenas que tienen el derecho de continuar con su forma ancestral de intercambio libre de semillas.

En enero de 2014, la sala del Senado inició el análisis sobre el proyecto de ley, la que se suspende en marzo. Posteriormente, la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón, anunciaría públicamente el retiro del proyecto de Ley del trámite legislativo, con el fin de realizar un análisis que recogiera las discusiones nacionales e internacionales sobre la materia, y que resguardara los derechos de las comunidades agrícolas, los pequeños y medianos agricultores.

Por su parte, el Gerente de Monsanto, José Ignacio Salazar, señaló que el retiro del proyecto de Ley no tendría implicancias con el quehacer de la empresa, ya que el UPOV 91 o Ley de Obtentores Vegetales, era la actualización de una ley vigente en Chile desde 1994.

En septiembre de 2014, el Ministerio de Agricultura afinaba los detalles para ingresar al parlamento un nuevo proyecto en la materia. A juicio del Ministro de Agricultura, Carlos Furche, esta nueva iniciativa legal no limitaría el uso de semillas para pequeños agricultores. Además, se señaló que para la formulación del proyecto se habría buscado el consenso de ambientalistas, agricultores y la industria, siendo el objetivo principal cumplir con el acuerdo firmado con Estados Unidos de actualizar el cumplimiento de la norma UPOV 78.

En enero de 2015, la Oficina de Planificación Agraria (ODEPA) dio a conocer un estudio sobre alternativas de protección jurídico-normativa para semillas y prácticas tradicionales asociadas con la agricultura, realizado por docentes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile. Para RAP-Chile, organización miembro de la campaña “Yo no quiero transgénicos en Chile”, la iniciativa legal no aborda el convenio UPOV 91, la principal amenaza legal que se cierne sobre la semilla, la biodiversidad y los pequeños agricultores.

En mayo del mismo año, diversas organizaciones y grupos ambientalistas, entre ellos, Yo no quiero transgénicos, Acción Dedos Verdes, Chile sin transgénicos, Anamuri, No Alto Maipo, Rapal, y Red de Semillas Verdes, se manifestaron en el Ministerio de Agricultura exigiendo el retiro definitivo del proyecto de ley.

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