Ley de Pesca

En agosto de 2011, el subsecretario de Pesca anuncia que la Ley de Pesca será reemplazada por una nueva norma. El proyecto establece nuevas condiciones de explotación para los próximos 25 años, destinando un 50% de las cuotas de pesca según derechos históricos y el otro 50% mediante licitaciones.

Para la elaboración de la iniciativa el entonces Ministro de Economía, Pablo Longueira, estableció una mesa de trabajo con 26 actores, los que establecieron acuerdos y condiciones en forma previa al envío del documento al Congreso.

En octubre de 2011 terminó el proceso de acuerdos en la Mesa Pesquera para repartir las cuotas globales de pesca entre artesanales e industriales por los próximos 20 años. En diciembre del mismo año el gobierno ingresa al Parlamento el proyecto de ley. La iniciativa mantenía el actual sistema de distribución de cuotas, favoreciendo a siete familias con casi la totalidad de los derechos de pesca. Además, el Consejo Nacional de Pesca perdió facultad de autorizar el tamaño de las cuotas.

Mientras la denominada “Ley Longueira” se discutía en el Congreso, pescadores artesanales protagonizaron protestas en distintos puertos del país. El sector ha manifestado su oposición al proyecto, calificándolo como una “ley del exterminio”, ya que la zona asignada para la extracción artesanal es insuficiente y terminará perjudicándolos.

El 18 de julio de 2012, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto. En la discusión particular hubo puntos rechazados y modificados que podrían ser repuestos y debatidos en el Senado. A juicio de algunos, la ley no incorpora a los pueblos indígenas como sujeto extractor de recursos hidrobiológicos, violando así el Convenio 169, suscrito voluntariamente por nuestro país con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En enero de 2013, el Tribunal Constitucional (TC) apoyó la posición presidencial y de la industria respecto a la no necesidad de consulta a los pueblos originarios en la tramitación de la Ley de Pesca. Frente a ello, las comunidades mapuche lafkenche reiteraron que la normativa no era válida e amenazaron con desobedecerla.

En junio de 2015, pescadores artesanales demandaron la anulación de la Ley de Pesca, generando visiones divergentes en el oficialismo y en la oposición. Mientras que Alejandro Navarro, senador del MAS, calificaba la legislación como espuria, otros líderes de la Nueva Mayoría centraron su mirada en el informe que revisaría la cantidad de recursos disponibles en el mar, encargado por el gobierno a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Para esa fecha, se ingresó un oficio a la Comisión de Ética para la investigación de conflictos de interés en la tramitación de la ley, solicitando la inhabilitación de diputados y senadores que tuviesen vínculo con empresas pesqueras.

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